El concepto moderno de protección civil surge a raíz de la primera guerra mundial. A través de lo que entonces se denominó Defensa Pasiva, con la organización de centros para la recepción y tratamiento de heridos en el frente. La idea de Defensa Pasiva ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar a lo que hoy se conoce en algunos países como Defensa Civil, que es el equivalente a la Protección Civil, siendo este el vocablo que aplican la mayoría de las naciones.

Una vez entendido el origen de la actual protección civil, no resulta chocante que en sus inicios en España correspondiese esta función a los órganos militares. En concreto, en 1941, se creó la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, que tenía la exclusiva finalidad de organizar y dirigir la protección de las poblaciones como consecuencia de posibles ataques aéreos. El marco en el que esto ocurría era después de una guerra civil y con escenarios próximos de la Segunda Guerra Mundial.

Al frente de aquella Jefatura, figuraba un General del Ejército, que dependía directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. A él quedan afectos representantes de los tres ejércitos, así como de algunos Ministerios, del Partido Único y de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja.

Del General del Ejército -Jefe Nacional de la Defensa Pasiva-, dependían las Jefaturas Provinciales presididas por los Gobernadores Civiles, superiores jerárquicos de las Jefaturas Locales, a cargo de los respectivos Alcaldes.

En 1960 nace la primera Dirección General de Protección Civil que con tal nombre existió en nuestro país. Dependía de la Presidencia del Gobierno, continuando con una estructura militar, dirigida por mandos del Ejército. Las funciones que le fueron encomendadas se entremezclaban con los cometidos propios de las autoridades militares, que por mor a la dictadura existente, eran quienes ocupan el poder civil. Se presta especial atención, al menos en el plano teórico, a los servicios contra incendios y refugios contra bombardeos, y además, se instala la primera red de alerta a la radiactividad.

Al frente de la Dirección General, figuraba un oficial General del Ejército de Tierra, del que dependían las Jefaturas Provinciales presididas por los Gobernadores Civiles, y de éstos a su vez, las Jefaturas Locales, bajo la presidencia del Alcalde.

En 1967, desaparece la Dirección General de Protección Civil como tal. Pierde rango jerárquico en la estructura de la organización administrativa y pasa a ser una Subdirección General dependiente de la Guardia Civil. Al frente de la Subdirección General, figuraba un Oficial del Ejército de Tierra. Permanecen las Jefaturas Provinciales a cargo de los Gobernadores Civiles correspondientes, de los que dependen las Jefaturas Locales, que eran responsabilidad de los Alcaldes de los municipios.

En plena transición política, en 1976, la Subdirección General de Protección Civil se encuadra en la Dirección General de Política Interior del entonces Ministerio de la Gobernación (hoy Ministerio del Interior).

Promulgada la Constitución española y configurado el Estado como una monarquía parlamentaria, en 1980 reaparece la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, creándose la Comisión Nacional de Protección Civil como órgano consultivo y deliberante en la materia. Por primera vez, se empieza a organizar la protección de las personas y sus bienes, desde una perspectiva civil, fuera del ámbito militar y una concepción moderna y acorde a los principios constitucionales. En la Administración periférica, las Secretarías Generales de los Gobiernos Civiles disponían en su estructura administrativa de una Jefatura de los Servicios Provinciales de Protección Civil, ocupadas por funcionarios civiles y no de rango militar. Estos Servicios se denominan en la actualidad Unidades de Protección Civil.

El campeonato mundial de fútbol celebrado en España en 1982 y la visita del Papa Juan Pablo II ese mismo año, da a conocer la existencia de la protección civil entre la población española. La necesidad de organizar grupos de voluntarios para la realización de servicios de orden y asistenciales en aquellos masivos acontecimientos, propició el primer impulso de la protección civil ante los ciudadanos. En la actualidad, todavía hay gente que identifica a la protección civil con los voluntarios “naranjitos”, cuando, como se comentará a continuación, el sistema español de protección civil es mucho más complejo.

Estos acontecimientos evidenciaban la necesidad de establecer sistemas preventivos de autoprotección, organizados y planificados de antemano que fueran más allá de las legiones de jóvenes uniformados de naranja para la ocasión.

Por otra parte, en la segunda mitad de la década de los setenta y durante la de los ochenta, se produjeron en nuestro país una serie de sucesos de consecuencias catastróficas: los accidentes aéreos de los aeropuertos de Barajas (en sus cercanías, en Mejorada del Campo), y Los Rodeos (Tenerife), las inundaciones del Levante y País Vasco, la rotura de la presa de Tous, el accidente de Los Alfaques, los incendios de las discotecas Alcalá 20 y Flying, etc.. Estos sucesos pusieron en evidencia las necesidades y carencias existentes en materia de Protección Civil, reclamando disponer de una mayor capacidad para actuaciones preventivas de situaciones de emergencia y de intervención operativa más eficaz. stripers mujeres

Por otro lado, en diversos puntos del mundo se produjeron catástrofes (Seveso en Italia, San Juanico en México, Bhopal en la India, Chernobyl en la U.R.S.S., etc.), todas ellas consecuencia de fallos en el uso de las tecnologías industriales.

Fruto de las primeras acciones de la entonces incipiente Dirección General de Protección Civil, fue la Ley de Protección Civil, promulgada en 1985, norma que establece los principios básicos del sistema. Sin embargo, la impugnación constitucional de la misma produjo un retraso de cinco años en la implantación de la protección civil, dado que hasta 1990, año en que el Tribunal Constitucional dicta la sentencia respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado (ref. 9), no fue posible proceder al desarrollo normativo de dicha Ley, promulgándose en 1992 la Norma Básica de Protección Civil y las sucesivas Directrices Básicas de Planificación ante diversos Riesgos, aprobadas en los últimos años.

Paralelamente al desarrollo de la protección civil estatal, nos encontramos con la creación de los sistemas de protección civil autonómicos y locales, cuya evolución y resultados en estos momentos son de diferente grado y situación, en función de la comunidad autónoma a la que nos refiramos. En todo caso, hay que señalar que desde mediados de los ochenta comienzan a establecerse en los territorios autonómicos y entidades locales las primeras organizaciones de protección civil, para el ejercicio de las competencias que les encomienda la Ley de Protección Civil.

La sentencia del Tribunal Constitucional resolvió un conflicto competencial dejando la intervención en las emergencias como una responsabilidad de las administraciones autonómica y local, por lo que serán éstas quienes pongan los medios para las actuaciones dentro de su territorio.


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